viernes, 6 de marzo de 2020

Berta Vive

Título original: Berta Vive
Guión y Dirección: Katia Lara
Empresa productora: Terco Producciones
Producción: Katia Lara
Producción Ejecutiva: Katia Lara, Rodolfo Arévalo
Dirección de Producción: Esther Anino
Investigación y Asistencia Dirección: Milton Benítez
Cámara: Katia Lara, Isaac Gutiérrez, Gerardo Aguilar, Luis Fernando López, Ramón Hernández, Gabriel Alvarenga, Nincy Perdomo
Cámara aérea: Alejandro Tróchez, Luis Agüero
Sonido directo: Enrique Fuentes, Gerardo Aguilar (hijo), Karla Díaz, Joselinne Escoto,
Henry Flores, Ricardo Menjivar

Montaje: Esther Anino
Animación: Krizia Vásquez
Corrección de color: Esther Anino
Post producción de sonido: Gerardo Kalmar
Documentación Internet: Aliane Castillo
Archivo: Terco Producciones
Música original: Gerardo “Lalo” Rojas
País de producción: Honduras
Año: 2016
Formato final: Video HD - DCP
Duración: 30 min.






Una producción de TERCO PRODUCCIONES y OXFAM HONDURAS, en asociación con TERCER PISO, con el apoyo de COPINH y OFRANEH.



El asesinato de Berta Cáceres estremeció al mundo en marzo de 2016. El activista mexicano Gustavo Castro, testigo del crimen, sobrevivió al horror de esa noche, pero quedó atrapado en Honduras. La lucha contra la instalación ilegal de una represa en el río Gualcarque es el preámbulo de esta historia. Seguimos a Miriam Miranda, dirigente garífuna, compañera y amiga de Berta. Ellas comparten la lucha por la descolonización en un país entregado al capital trasnacional, donde la impunidad permite arrebatar la vida de muchas maneras.




Berta Cáceres

Berta Isabel Cáceres Flores (4 de marzo de 1971, 1972 o 19731​La Esperanza, 2 de marzo de 20162​) fue una líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureña.

Cofundó el COPINH para luchar por los derechos de los lencas y ganó el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente. Fue asesinada después de años de haber recibido amenazas contra su vida. Su asesinato fue ampliamente condenado a nivel internacional en toda América y parte de Europa.





Biografía

Fue hija de Austra Bertha, partera, enfermera y alcaldesa, quien dio amparo a muchos refugiados de El Salvador durante la guerra civil de ese país, además sometió la moción de la firma de Honduras del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, el cual fue firmado en 1995. También impidió que se instalara un batallón en La Esperanza para evitar la militarización, ya que los militares suelen hacer acosos a los pueblos y a las mujeres indígenas.

Durante su infancia y adolescencia Berta pudo ver y unirse a las luchas de su pueblo, uno de sus hermanos fue balaceado y perseguido, su otro hermano fue secuestrado y torturado por seis meses, su madre fue vigilada por 12 años y fue secuestrada en 1992 por un coronel egresado de la Escuela de las Américas, que luego fue ascendido.

Al formar parte de su pueblo participó en muchos de sus ritos y tradiciones, entre ellos, la compostura al agua.

Estuvo casada con el dirigente indígena Salvador Zúniga y fue madre de 4 hijos. Una de sus hijas, Berta Zúñiga Cáceres, asumió el liderazgo del COPINH, la organización que Berta Cáceres dirigía antes de ser asesinada. Pocas semanas después de asumir la responsabilidad, Berta Zúñiga Cáceres denunció que el 30 de junio de 2017 sufrió un atentado del que logró escapar.


Activismo ambiental

En marzo de 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (CCOPINH) para luchar en defensa del medio ambiente, el rescate de la cultura lenca y para elevar las condiciones de vida de la población de la región.

Destacó en su activismo medioambiental, siendo especialmente mediática su actividad en contra de la privatización de los ríos y los proyectos de presas hidroeléctricas de inversores internacionales,​ sobre todo su lucha contra el proyecto de la represa de Agua Zarca en el río Gualcarque en Santa Bárbara. ​ Luchó también contra proyectos mineros y madereros.

En 2009 encabezó protestas contra el golpe de Estado del 28 de junio al entonces presidente hondureño Manuel Zelaya. Además fue una dura crítica del gobierno de Juan Orlando Hernández.

Oposición al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca

Desde el golpe de estado de 2009, se han iniciado en Honduras una gran cantidad de megaproyectos muy destructivos para el medio ambiente, que acarrean el desplazamiento de comunidades indígenas y la privatización de ríos y territorios, destinándose casi el 30 % del territorio nacional a concesiones mineras.11​ Según denuncia el COPINH, en 2010 el Congreso Nacional otorgó docenas de concesiones de ríos en toda Honduras. Entre estas, le entregó por 20 años el río Gualcarque a la empresa DESA, un río sagrado para el pueblo lenca y una importante fuente de agua y alimentos.

En 2006 un grupo de indígenas lencas de Río Blanco acudieron al COPINH en busca de ayuda tras haber sido testimonios de la llegada de maquinaria y material de construcción en su área. El proyecto se trataba de una alianza comercial para construir cuatro represas hidroeléctricas en el río Gualcarque. Los actores implicados eran la compañía china Sinohydro (la mayor compañía constructora de presas del mundo), la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial y la compañía hondureña Desarrollos Energéticos S. A. (DESA). Al no consultar a la comunidad local sobre el desarrollo del proyecto, las empresas habían violado la ley internacional, concretamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.​ Los lencas consideraban que las presas afectarían su acceso a agua, comida y materiales para medicina, por lo que su modo de vida tradicional sería puesto en peligro.

La campaña de protesta consistió en organizar reuniones comunitarias, presentar quejas legales y llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A partir del 2013, Cáceres dirigió al COPINH en la campaña de protesta. Una de sus principales acciones fue el bloqueo del acceso al área de construcción por más de un año; pese a que los activistas locales fueron repetidamente desalojados por la Policía Nacional de Honduras. El 15 de julio de 2013, los militares de Honduras abrieron fuego contra algunos miembros del COPINH, quienes realizaban una protesta pacífica, causando la muerte del dirigente Tomás García y tres heridos.​ En mayo de 2014 se produjeron dos asesinatos más y otros tres activistas resultaron gravemente heridos.

Además, las compañías constructoras, la policía y los militares montaron desde entonces una campaña sistemática de represión, acoso y amenaza contra activistas locales y grupos indígenas, a la vez que se les criminalizaba y se les presentaba en los medios de comunicación como violentos y peligrosos. 




En 2013, la presidenta del COHEP, Aline Flores, acusó a Cáceres de liderar grupos "que buscan atrasar al país" oponiéndose a proyectos de desarrollo, los cuales, manifestó, se han hecho a través de convenios y socialización con las comunidades. El mismo año, Cáceres, junto a otros dirigentes indígenas, fue acusada de inducir a cometer los delitos de usurpación, coacción y daños continuados en prejuicio de DESA, por lo que se le dictó una medida de prisión preventiva.  En respuesta, Amnistía Internacional declaró que los cargos deberían ser retirados y que si los activistas eran encarcelados serían considerados presos de conciencia. Sumado a esto, 45 organizaciones de derechos humanos regionales e internacionales expresaron su preocupación por la criminalización a los defensores de derechos en Honduras e hicieron un llamamiento para que el gobierno investigara las amenazas contra ellos. Las presiones del COPINH liderado por Cáceres, junto con la ayuda de comunidades indígenas y organismos internacionales hizo que a finales del 2013, Sinohydro y la CFI se retiraran del proyecto, aduciendo inquietudes sobre violaciones a los derechos humanos. ​ A pesar de ello, Desarrollos Energéticos continuó con el proyecto y trasladó el área de construcción al otro lado del río con la intención de evitar bloqueos.

Denuncias

En una entrevista realizada en diciembre de 2013 por Dick y Mirian Emanuelsson, Berta denunció el acoso y la persecución a las tribus indígenas y el robo de sus tierras ancestrales por parte de el gobierno de Honduras, y la venta de la tierra y recursos naturales de el país.

Denunció las 47 concesiones (permisos de explotación) otorgadas a empresas transnacionales mediante el uso de testaferros o prestanombres hondureños luego del golpe de estado de 2009, en las que se vendieron tierras, recursos y ríos mientras las comunidades que cuidaron de ellos durante milenios eran desalojadas, quedando desprotegidas; donde los ríos, la tierra e incluso el aire pasan a ser de las transnacionales. Los ríos en muchos casos son desviados y dejan de pertenecer a las comunidades, y la contaminación o deforestación de estas zonas por empresas deforestadoras eliminan también la flora y fauna de estas tierras. Para Berta y su tribu el desvío del río significa la muerte para las comunidades, además de un ataque espiritual a ellas, ya que los espíritus del agua en su cosmología son femeninos y vitales en sus comunidades. Expresó además que durante el gobierno de Lobo no hubo tantas concesiones, en cambio durante el gobierno de Juan Orlando Hernández hubo más de 47 concesiones.



Su apelación al préstamo de 15 millones de dólares por parte de los Países Bajos, al violentar el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y el derecho a consulta a los pueblos indígenas, se debió a la consulta ilegítima realizada a la empresa DESA, a una organización gubernamental y a una secretaría gubernamental de asuntos indígenas y africanos en lugar de consultar a los pueblos directamente afectados.

Berta Cáceres denunció también al exministro de SERNA (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente), Rigoberto Cuéllar, de ser testaferro de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima) al juramentar que no existía el pueblo lenca en Río Blanco ya que no había ningún documento que hiciera constar la existencia de miembros de esa etnia en esta región, y que debido a esto fue puesto por el presidente Juan Orlando Hernández como fiscal adjunto para blindarlo legalmente por todo el daño hecho por las zona de empleo y desarrollo económico (ZEDES, anteriormente llamadas ciudades modelo), empresas mineras, hidroeléctricas, etc. a los pueblos, tierras, flora y fauna afectados en el país.

Expresó el combate del COPIN contra 17 proyectos que afectan sus tierras, entre ellos un megaproyecto eólico en La Esperanza, Intibucá. La lucha del gobierno contra los pueblos indígenas con tácticas modernas como la contrainsurgencia, ataques con falsas denuncias y juicios, persecución judicial, ataques y pago por adelantado de sicarios, y pago de personal de 2000 lempiras para que sabotearan sus automóviles –lo hicieron en más de ocho ocasiones– además de tener pagados por adelantado a sicarios para cometer asesinatos contra ella, Francisco Sanches, sus otros dos compañeros enjuiciados y contra activistas indígenas y medioambientales. También denunció el intervencionismo de Estados Unidos en Honduras, el uso del país como laboratorio, el entrenamiento de paramilitares que de día trabajan como militares y de noche como mercenarios, la división de los hondureños y la construcción de la base marítima estadounidense más grande de Latinoamérica en la laguna de Caratasca, la cual tiene construcciones subterráneas de las que –alega– no son para combatir al narcotráfico. Denunció el soborno de 1 a 20 millones de lempiras a alcaldes y a líderes indígenas.

También denunció las amenazas de muerte que recibió, el acoso sexual y telefónico, y las amenazas recibidas por el excoronel de la fuerza aérea Douglas Geovanny Bustillo mientras este trabajaba como jefe de seguridad de DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima), ​ así como la persecución judicial recibida por parte del gobierno. Además, tras preguntársele sobre ello, Berta Cáceres comentó que la partera que ayudó a nacer a la jueza que la enjuició en septiembre de 2013, Aicia Lizeth Naigh, fue la madre de Berta, Austra Flores, quien era la partera o matrona del pueblo, y de cómo su madre recibió también a todos sus hermanos porque ella era la matrona del pueblo. 

En una entrevista llevada a cabo el 7 de mayo de 2015 por CNN, Berta expresó cómo las nuevas leyes estaban violentando el derecho a la expresión de los grupos indígenas y el derecho de la defensa de sus tierras y comunidades, y de cómo el gobierno persigue a quienes protegen sus tierras. 


Asesinato
Antecedentes

Según la ONG Global Witness, Honduras es el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental, con un total de doce activistas medioambientales asesinados en 2014 y más de 120 personas asesinadas desde 2010 por oponerse a proyectos de represas. 

Berta Cáceres llevaba años denunciando hostigamiento, graves amenazas de muerte y de violencia contra ella y su familia, y contra miembros del COPINH. Por lo mismo, contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2009, aunque según su madre, en la práctica no recibía protección del Estado por la presión de las autoridades que defienden a la mineras y empresas hidroeléctricas.

Debido a la persecución recibida, su madre y sus hijos tuvieron que abandonar el país, mientras ella tomo precauciones extremas, dormía cada noche en un lugar diferente y casi no se comunicaba mediante aparatos telefónicos, siempre viajaba acompañada, no hacía presentaciones públicas, expresó además que recibía amenazas por parte de la empresa privada DESA como de las fuerzas de seguridad de el gobierno que protegian el proyecto de DESA.  Una semana antes de su asesinato, Cáceres denunció que ella y otros dirigentes de su comunidad habían recibido amenazas de muerte y otros cuatro habían sido asesinados. 




Fuentes de Información: Terco Producciones, Ojo de Agua Comunicación, COPINH, Wikipedia.



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